Constituimos la entidad
Elegimos la figura, redactamos acta y estatutos a medida, tramitamos el registro que toca y sacamos el NIF y el certificado digital.
Avanta · Especialidad
La constituimos, le redactamos unos estatutos que no la bloqueen, le llevamos las cuentas y los impuestos, y vigilamos lo que casi nadie vigila: que cumpla sus propias normas.
Y sin embargo casi siempre se lleva así: mismo plan contable por defecto, cuatro modelos trimestrales y nada más. Pero una entidad sin ánimo de lucro tiene una segunda capa de obligaciones que no genera carta de Hacienda y que nadie le vigila: convocar la asamblea, aprobar cuentas en ella, llevar los libros, mantener la junta al día en el registro.
Cuando eso falla no llega una multa. Llega algo peor y más tarde: un acuerdo impugnable, una junta caducada que no puede firmar o una subvención que se cae porque el representante no está acreditado. Siempre en el peor momento, que es cuando pides dinero.
Nosotros llevamos las dos capas. Eso es todo.
Elegimos la figura, redactamos acta y estatutos a medida, tramitamos el registro que toca y sacamos el NIF y el certificado digital.
Informe cláusula por cláusula, con las que te van a bloquear marcadas, y el texto refundido listo para llevar a asamblea.
Calendario con tus asambleas, actas, libros, renovación de cargos y rendición de cuentas. Te avisamos antes, no después.
Plan contable de las ESFL, cuentas anuales, Impuesto sobre Sociedades, régimen de la Ley 49/2002 y justificación de subvenciones.
La pregunta no es cuál suena mejor, sino quién quieres que mande y qué patrimonio hay detrás. Cambia el coste, el plazo y el control.
| Asociación | Federación | Fundación | |
|---|---|---|---|
| Quién la crea | Tres o más personas, físicas o jurídicas | Tres asociaciones, o tres federaciones si es confederación | Una o varias personas que aportan un patrimonio |
| Forma | Acta fundacional privada y estatutos | Acta de los representantes legales, más el acuerdo de integración de cada entidad | Escritura pública ante notario |
| Cuándo existe | Desde el acta. La inscripción es a efectos de publicidad | Igual que la asociación | Solo desde la inscripción. Aquí sí es constitutiva |
| Capital | Ninguno exigido | Ninguno exigido | Dotación cuya suficiencia se presume desde 30.000 €, con desembolso inicial del 25 % |
| Quién gobierna | Asamblea de socios y junta directiva | Asamblea de entidades miembro, con voto ponderado | Patronato de al menos tres miembros, con cargo gratuito. No hay socios |
| Inscripción | Tres meses, y el silencio juega a favor | Igual que la asociación | Más largo, con informe previo del Protectorado, y el silencio juega en contra |
| Control del fundador | Lo conserva como socio, con su voto | Reparto entre entidades según estatutos | Lo pierde. El patrimonio queda afectado al fin |
Abre lo que te interese. Aquí está lo que normalmente se descubre tarde y sale caro, con la norma detrás.
Casi todos los estatutos que revisamos vienen de un modelo descargado. Los modelos pasan el filtro del registro, y ese es justo el problema: pasar el registro no es lo mismo que servir para gobernar una entidad viva.
La ley pide describir los fines de forma precisa y mucha gente entiende «cerrada». Cuando llega una convocatoria cuyo objeto no encaja literalmente con lo inscrito, la entidad queda fuera. Lo redactamos por ámbitos de interés general, con una lista de actividades abierta: precisa, pero no cerrada.
«Para modificar los estatutos harán falta dos tercios de todos los asociados». Suena serio y es una trampa: la base social se desactiva con los años y ese umbral deja de alcanzarse.
Cuando pasa, la entidad no puede adoptar acuerdos válidos ni siquiera para cambiar el estatuto que la bloquea, porque esa modificación exige el mismo quórum inalcanzable. Es el único error de la lista del que no se sale por la vía ordinaria.
La redacción correcta: segunda convocatoria sin quórum mínimo y mayorías sobre presentes y representados.
Si no se fija la duración de los cargos y cómo se renuevan, la entidad entra en limbo registral: el registro tiene inscrita una junta cuyo mandato expiró. A partir de ahí, certificaciones que no se inscriben, problemas con el certificado digital y subvenciones inadmitidas por representación no acreditada. Se arregla con una cláusula de continuidad en funciones.
Descuadra la rendición de cuentas con los plazos del Impuesto sobre Sociedades y con los periodos de justificación de las convocatorias. Cierre a 31 de diciembre salvo razón operativa de peso.
Prever que el patrimonio vuelva a los socios desvirtúa el carácter no lucrativo y bloquea el acceso al régimen fiscal especial, que exige destinarlo íntegramente a otra entidad beneficiaria del mecenazgo. No molesta nunca en el día a día: se descubre años después, cuando piden la utilidad pública y la deniegan.
No puede coincidir ni inducir a confusión con otra ya inscrita, ni chocar con marcas notorias, ni usar términos reservados. En una asociación rehacer el acta cuesta una tarde; en una fundación, rehacer la escritura cuesta notaría.
Es el órgano supremo y tiene que reunirse al menos una vez al año. Una entidad con dos ejercicios sin asamblea incumple la ley, no solo su costumbre. La convocatoria tiene forma y plazo: manda lo que digan vuestros estatutos y, si callan, el régimen supletorio de quince días y un tercio de los asociados. El fallo típico es convocar con una semana «porque siempre se ha hecho así» mientras los estatutos dicen otra cosa: todo lo que se acuerde nace impugnable.
Hay cuatro materias reservadas a mayoría cualificada: disolver, modificar estatutos, disponer de bienes y remunerar al órgano de representación. Aquí manda primero lo que digan vuestros estatutos, que muchas veces elevan aún más esas mayorías.
No son un resumen de la reunión: son el documento con el que se certifica ante un banco, se inscribe una renovación o se justifica una subvención. Y tienen una segunda función que casi nadie conoce: son la defensa patrimonial personal de cada miembro de la junta. Cuando se exige responsabilidad y no puede imputarse a una persona concreta, responden todos salvo quien acredite que se opuso. Esa acreditación es el acta. Un vocal que calla mientras se aprueba un pago irregular responde igual que quien lo propuso.
Son cuatro obligaciones distintas: relación actualizada de asociados, contabilidad, inventario de bienes y libro de actas. En Andalucía, además, la legalización de los libros es función expresa del registro autonómico.
Un asociado tiene cuarenta días desde que se adopta un acuerdo para impugnarlo por contrario a los estatutos. Con un matiz: para quien no asistió ni fue notificado, los tribunales han admitido contar desde que tuvo conocimiento. Y si el acuerdo es contrario al ordenamiento, la legitimación se amplía a cualquiera con interés legítimo, sin ese plazo.
Mientras se resuelven las contiendas internas, el registro solo practica anotaciones provisionales sobre lo controvertido. Con dos juntas en litigio la entidad se queda sin certificado limpio, el banco bloquea la firma y las administraciones paran los pagos.
Plan de actuación de la fundaciónObjetivos, actividades, gastos estimados e indicadores del ejercicio siguiente, al Protectorado. La obligación que más se olvida, porque no lleva asociado ningún modelo tributario que dispare la alarma.
Cierre con el plan contable de las ESFLCon su memoria propia. No es el plan de pymes con otro nombre, y las entidades más pequeñas tienen además su versión simplificada.
Convocatoria en forma y plazoCon la antelación y el medio que fijen los estatutos, orden del día y documentación a disposición de los socios. Aquí es donde se rompen los acuerdos.
Asamblea y aprobación de cuentasLas cuentas se aprueban en asamblea, no las aprueba la junta por su cuenta.
Inscripción de renovaciones y modificacionesHasta que no se inscribe, frente a terceros sigue rigiendo lo anterior.
Rendición de las entidades de utilidad públicaCuentas y memoria de actividades. No rendirlas es causa de revocación, y con ella se pierde el régimen fiscal.
Cuentas de la fundación al ProtectoradoTras aprobarlas corre un plazo muy corto en días hábiles, y no es el mismo en el régimen estatal que en el andaluz.
Un miembro de la junta o del patronato que factura a su propia entidad. No es automáticamente ilegal, pero es de lo que más se regulariza, y golpea a las dos partes. Fiscalmente es una operación vinculada: hay que valorarla a mercado, documentarla y, según importes, declararla. Si la Inspección concluye que lo facturado retribuye el cargo y no un servicio distinto, deja de ser actividad económica y pasa a tratarse como rendimiento del trabajo por la condición de administrador, con una retención mucho más alta exigible a la entidad, más intereses y sanción.
En las de competencia estatal se exige autorización previa del Protectorado; en las andaluzas el cauce ordinario es una declaración responsable, y la autorización previa queda para las del sector público autonómico. Confundirlos hace perder meses esperando un permiso que no procedía. Lo primero que miramos es de qué Protectorado dependéis.
Ayudas a participantes, bolsas de viaje, entregas a beneficiarios. Hace falta justificante de transferencia con beneficiario identificado, recibí firmado, documento que vincula la entrega con la actividad y certificado de participación. Sin ese soporte deja de ser gasto del proyecto y puede calificarse como liberalidad o donación encubierta. En un proyecto financiado, además, es causa directa de reintegro. Lo desarrollamos en fondos Erasmus+ y CES.
Hay obligaciones de publicidad activa cuando se superan ayudas públicas por un importe elevado pero también cuando al menos el 40 % de los ingresos anuales tiene carácter de subvención, con un mínimo de 5.000 euros. Esa segunda vía atrapa a entidades pequeñas: 60.000 de subvención sobre 120.000 de presupuesto ya está dentro.
Asociaciones y fundaciones deben conservar registros con la identificación de quien aporta o recibe a título gratuito fondos de la entidad. La identificación de quien aporta se exige desde un umbral bajo, la de quien recibe no tiene umbral, y se conservan diez años. Y en protección de datos, si manejáis datos de socios, beneficiarios, menores o salud, hace falta como mínimo registro de actividades de tratamiento, cláusulas informativas y contrato de encargado con cada proveedor.
Una entidad que no está acogida al régimen especial es parcialmente exenta, y solo queda exonerada de presentar el Impuesto sobre Sociedades si cumple tres condiciones a la vez: ingresos totales no superiores a 75.000 €, ingresos de rentas no exentas no superiores a 2.000 €, y que todas las rentas no exentas estén sometidas a retención. Basta incumplir una.
Y hay tres rentas que no están exentas aunque casi todo el mundo lo dé por hecho: los intereses de la cuenta bancaria, el alquiler de un local propio y los rendimientos de cualquier explotación económica. Además, los gastos imputables a rentas exentas no son deducibles, así que se tributa sin poder descontar buena parte de la estructura.
No. La utilidad pública es el requisito de entrada; el régimen fiscal es voluntario y hay que optar por él ante la Agencia Tributaria mediante declaración censal. Sin esa opción, la entidad sigue tributando como parcialmente exenta y sus donantes no pueden aplicar las deducciones por donativos.
Bajo el régimen especial, la base de las explotaciones económicas no exentas tributa al 10 %. Fuera de él se aplica el tipo general con las reducciones que correspondan por tamaño. La contrapartida: las entidades acogidas declaran todas sus rentas todos los ejercicios, sin umbral que las libere.
La lista es cerrada. Las tres que más vemos: fundaciones, asociaciones declaradas de utilidad pública y ONG de desarrollo, estas solo si adoptan una de esas dos formas. Una asociación corriente se queda fuera mientras no consiga la utilidad pública. Y hay un requisito que tumba a entidades ya dentro: las explotaciones económicas ajenas al objeto estatutario no pueden superar el 40 % de los ingresos totales.
Si la entidad deja de cumplir los requisitos, tiene que ingresar las cuotas del ejercicio del incumplimiento, y no solo de Sociedades: también de los tributos locales y del Impuesto sobre Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados, con intereses. Por eso se vigila cada ejercicio, no se tramita una vez y se olvida.
Conseguir la subvención es la parte fácil. Lo difícil es justificarla sin que te reintegren una parte, y eso no se decide el día de la justificación: se decide el día que se apunta la primera factura.
La contabilidad específica que exigen algunas convocatorias autonómicas, con su propio plan de cuentas y su metodología impuesta, es un trabajo distinto de llevar vuestra contabilidad y va con presupuesto propio. Lo decimos antes de empezar, no al final.
La asociación es una base de personas: tres socios, sin capital mínimo, acta privada, y quien la funda sigue teniendo voz y voto. La fundación es un patrimonio afectado a un fin: escritura pública, dotación cuya suficiencia se presume a partir de 30.000 euros, patronato de al menos tres miembros con cargo gratuito y supervisión permanente del Protectorado.
Lo que más pesa: en una fundación el fundador pierde el control patrimonial. Si hay comunidad y actividad, asociación. Si hay patrimonio que proteger, fundación. Si alguien quiere una fundación para seguir decidiendo él sobre el dinero, la figura correcta casi nunca es esa, y se lo decimos.
Porque sin inscripción los promotores responden personal y solidariamente de las obligaciones contraídas con terceros. Y porque en la práctica no funciona: cuesta obtener el NIF definitivo, no se abre cuenta bancaria en condiciones, no se accede a subvenciones ni a contratación pública y no se puede emitir el certificado registral que exige la FNMT.
Existe, pero no puede hacer nada.
Sí, y es de los bloqueos más frecuentes. Si el registro tiene inscrita una junta cuyo mandato expiró, sus certificaciones pueden no inscribirse, se complica renovar el certificado digital y una solicitud de subvención puede inadmitirse por no acreditar la representación.
La salida es celebrar asamblea de renovación e inscribirla, y aprovechar para meter en estatutos una cláusula de continuidad en funciones para que no vuelva a pasar.
El plazo máximo es de tres meses y el silencio juega a favor. Pero se suspende mientras se subsana cualquier defecto. Traducido: el plazo real no lo marca la Administración, lo marca la calidad de la documentación. Un expediente bien redactado se resuelve en semanas; uno con estatutos incompletos puede alargarse meses.
Con una fundación la cuenta es otra: proceso más largo, escritura pública, informe previo del Protectorado y el silencio no juega a favor. Se planifica en meses, no en semanas.
Sí. Hacemos revisiones de compliance como trabajo suelto, con presupuesto cerrado, y os entregamos un informe con lo que está bien, lo que hay que arreglar y en qué orden. Si después queréis llevarlo vosotros o con vuestra asesoría actual, perfecto.
No hace falta cambiar de asesoría para saber cómo estáis.
Con esos dos documentos os decimos en qué situación estáis: si vuestros acuerdos son sólidos, si vuestra junta está vigente, si vuestro objeto social os deja pedir lo que queréis pedir y qué hay que arreglar primero.
EscríbenosSobre esta página Contenido revisado el 7 de agosto de 2026. Resume criterios generales de la normativa española de asociaciones, fundaciones y entidades sin fines lucrativos, y de la andaluza donde procede. No sustituye a un dictamen sobre vuestro caso: la respuesta concreta depende de vuestros estatutos, de vuestro ámbito registral y del régimen fiscal por el que hayáis optado. Para eso está la primera revisión, y es gratuita.